EL VALOR DEL CONSENSO, UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

El Profesor Fernando Vallespín, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, ha señalado en numerosas ocasiones que para que haya un buen gobierno tiene que haber una buena oposición. Estoy totalmente de acuerdo.


El proceso de transición español es considerado, mundialmente, un ejemplo de eficacia y consenso entre posturas radicalmente enfrentadas. Un ejercicio de reconciliación, con base en los desatinos fascistas que, casi cuarenta años atrás, convirtieron el territorio español en un gran campo de batalla. Vencedores y vencidos hicieron borrón y cuenta nueva, surgiendo así el mayor período de estabilidad democrática de nuestra historia.


Ambas afirmaciones deben ser completadas, necesariamente, con una tercera: la democracia en nuestro país se articuló en base al consenso, fieles a la tradición de los sistemas políticos de nuestro entorno, y en contraposición al modelo anglosajón de todo para el vencedor.


El modelo parlamentario español permite un diálogo entre la oposición y el Gobierno que incrementa la calidad de la democracia y del que carecen algunos sistemas presidencialistas que dejan fuera de las instituciones a los líderes que pierden las elecciones. Secundino González Marrero. “Temas para el debate”. Nº 173.


En la actual etapa democrática, los periodos legislativos en los que el Partido Socialista ha estado al frente del Gobierno de la Nación han resultado etapas convulsas, sumidas en el despropósito de un partido en la oposición que ha buscado, parapetado en el todo vale, cualquier fórmula que le legitimase ante la opinión pública como la única alternativa válida a ocupar el Gobierno.


Los escrúpulos de los que carecen son el tónico reconstituyente que impulsa su actuación, aliándose con instituciones y grupos que bien podrían situarse en las tesis de los antisistema, y que han olvidado los principios constitucionales recogidos en nuestra Carta Magna de 1978.


La separación entre Iglesia y Estado es un principio recogido en el artículo 16 de la Constitución: 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley; (…); 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal (…).


En base a esta separación, el Gobierno español optó por modificar la ley que regula las prácticas abortivas en España, en un intento por regular esta práctica cuando causas de fuerza mayor así lo aconsejen, y no fuese constituyente de delito. Es decir, se pretende crear el marco legislativo adecuado para que dentro de la libertad que este tipo de leyes procuran, las mujeres que tengan que abortar lo hagan sin ser acusadas de delito alguno. Ello no obstante, no significa que se aconseje, ni se recomiende, esta práctica ante cualquier indicio. Siempre es preferible prevenir cualquier embarazo no deseado.


Es preciso recordar que hace no muchos años las mujeres de este país, cuando querían ejercer su derecho a abortar, debían salir de España, una posibilidad que sólo podían permitirse aquéllas que disponían de un cierto nivel económico, y que en la mayor parte de las ocasiones se situaban, ideológicamente, en el espectro de la derecha. No estaba bien visto, pero se tapaba el hecho de que las clases pudientes optasen por esta fórmula para evitar las vergüenzas en los círculos de amistades y conocidos.


Pero ahora, cuando un Gobierno Socialista, progresista, de izquierdas, desea universalizar esta posibilidad para que todos podamos ser iguales ante la ley, la Iglesia Católica, la que se dice defensora de los derechos, de la vida y de la moral, arremete contra el Gobierno por permitir esta acción si ello fuese menester. Se suma a esta postura los sectores más rancios y ultras del Partido Popular –es decir, la práctica totalidad de sus militantes y simpatizantes- que, al más puro estilo servil de “brazo tonto de la ley”, se arma con lazos blancos y toma la calle para, tras olvidarse de su condición de representantes públicos y escudándose en la libertad personal, salir en las procesiones de Semana Santa y hacer apología de una postura extremista, un síntoma de que no han abandonado su predilección por los regímenes caudillistas y totalitarios, que usan en función de la postura que toque defender en el momento preciso. Tan pronto se convierten en los más firmes defensores de la Constitución Española del 78, como abogan por posturas insolidarias y vacías de contenido, amparadas en manifestaciones falangistas que, transcurrida la oportunidad del momento, acogen como suyas y practican con asiduidad. Véase, por ejemplo, el derecho al divorcio.


Cuando aparecen ejemplos como el del pasado fin de semana en Cuenca, con los concejales populares amparados bajo el palio de la defensa a ultranza del nacional catolicismo, con lacito a juego y la intransigencia por bandera, no tengo por menos que repudiar la hipocresía de la que hacen gala constantemente. Obvian su condición de ediles y abogan por la libertad personal, olvidando que es posible que hayan recibido apoyos de personas que no están de acuerdo con la postura de la Iglesia, ni con las del PP, y pueden sentirse ofendidos. Les da lo mismo; un nuevo ejercicio de ignorancia social que no les pasa factura en periodos electorales.


Habría que decir a estos “portadores” que acudan a pedir el voto, en los próximos comicios municipales, con el lazo blanco en la solapa, para que no olviden los ciudadanos las posturas que han defendido bajo su periplo como ediles. Aunque ellos saben que el mayor pecado de este país es la falta de memoria histórica. Sería un buen ejercicio dejarlo presente en el recuerdo y que la ciudadanía no lo olvide.


A buen entendedor… Un Gobierno del Partido Popular garantiza la cercanía a la Iglesia Católica y la existencia de un cuarto poder en nuestro Estado de Derecho: La Iglesia y sus acólitos. Sed bienvenidos a la era pre- ilustrada.


El consenso que se tomó como referente para transformar esta sociedad española, hoy es la ausencia más notable de una oposición que aboga por la batalla en vez del acuerdo, en clara sintonía con los postulados aznaristas durante su periodo gubernamental. Que no escucha ni se deja aconsejar, sino que prefiere mostrar en público sus vergüenzas al más puro estilo “y tú más”, sin importarle la imagen o el bienestar de los ciudadanos.


Yo no quiero una sociedad así, ¿y vosotros?


Que el tiempo no os cambie.